Desde niños nos repiten que las carreteras (y caminos) son vías de desarrollo para un país. Porque lo integran, permiten comunicarse a las comunidades con los centros poblados más grandes y posibilitan el traslado de productos de un lugar hacia otro. Prueba sencilla los vecinos, donde casi todas –sino todas, de plano– sus rutas internas son asfaltadas y reciben mantenimientos y preservación constantes. Bajo esta premisa, es válido y aun imprescindible pensar en que la creación de una carretera es válida, necesaria y beneficiosa para la mayoría de los pobladores.
Pero, ¿qué ocurre cuando este nexo debe erigirse dañando una de las pocas áreas naturales protegidas del país y del planeta? Desde luego, lo menos que se debe hacer desde el sector gubernamental es pensárselo, luego consultarlo con los pobladores —ellos no irán a oponerse porque sí ni por arrebatos de locura— y por último recién asumir la decisión si se emprende tal construcción ó no. Esta es la disyuntiva actual, que ha movilizado desde el pasado lunes 15 a decenas de pobladores de la región del TIPNIS —Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure—, quienes tratan de convencer al gobierno para que el trazado de la ruta no atraviese su hábitat, reconocido incluso en la CPE, Artículos 2, 3, 11, 26, 210, 211, 385 (cita) y 403, entre otros:
«I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.
II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas».
El gobierno —y con especial énfasis el contradictorio presidente del Estado— dice defender a la Pachamama y protegerla, preservarla, etc. No entraré a redundar lo que hemos venido escuchando hace cinco años y con más intensidad los últimos días, desde que se iniciaron las discusiones acerca de la carretera de 353 Km entre Villa Tunari (Chapare, Cochabamba) y San Ignacio (Moxos, Beni).
Sí pretendo hacer hincapié en los destrozos a la flora y, sobre todo, a la fauna que conllevaría la mentada vía. Algunos datos sobre ella:
• 108 especies de mamíferos, pertenecientes a 33 familias, lo cual representa el 30% de las especies de mamíferos de Bolivia. • 470 especies de aves, correspondientes al 34% del total de aves de Bolivia. • 39 especies de reptiles, pertenecientes a 15 familias, representando alrededor del 14% de reptiles conocidos para el país, sin incluir las tortugas y caimanes. • 53 especies de anfibios, representando entre el 26% y 28,5% de las especies del país, y pertenecientes a 8 de las 11 familias de anfibios para Bolivia. • 188 especies de peces, distribuidas en 25 familias (Altamirano, R.C. et al., 1992).
Con relación a la flora, estos apuntes:
Considerando todo lo precedente –y la movilización que sigue desarrollándose en la zona afectada–, el Gobierno debe preocuparse por entablar un verdadero consenso y diálogo con los pobladores locales y no imponer porque sí sus criterios. Además, y esto lo admitió este jueves 25 el propio director de la Administradora Boliviana de Carreteras, esta sería la tercera vía más cara en la historia del país. Entonces, ¿cuál su sinonimia —y no es que esté viendo sólo lo inmediato— con el progreso que supuestamente traerá al Parque Nacional Isiboro Sécure? No olvidemos tampoco la no del todo descabellada asociación que hicieron de esta vía como potencial ruta para el narcotráfico, pues no es novedad que nuestro país se ha vuelto paso de tránsito –y de producción y consumo, todo hay que decirlo– para la droga. FOTOS: PICASAWEB.COM, NOTIBOLIVIARURAL.COM, RADIOATIPIRI.BLOGSPOT.COM, AMAZONIA.BO.
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